La solicitud del fiscal se enmarca en el multimillonario proceso que la compañía estadounidense afronta en una corte de Ecuador, por el supuesto daño ambiental causado en la Amazonía ecuatoriana, durante el periodo en que operó en el país, entre 1972 y 1990.
Pesántez pidió al procurador García, que es el abogado del Estado, emprender las gestiones pertinentes ante el Departamento de Justicia de EE.UU. "ante la posible violación de la Ley Federal contra prácticas de acciones corruptas" que rige en ese país desde 1977.

