El 27 de octubre, el departamento del Tesoro y el comité divulgaron un proyecto de ley que prevé que cuando un gigante de Wall Street esté a punto de hundirse sean sus rivales y no los contribuyentes los que paguen por su rescate o desmantelamiento. El Gobierno dividiría el coste entre todas las compañías financieras con más de 10.000 millones de dólares en activos.
Además, el proyecto prevé dar a las autoridades más poder para vigilar e intervenir a las entidades financieras que suponen un riesgo para el sistema por su gran tamaño. Además de bancos, en la lista podrían estar aseguradoras o, incluso, fondos de inversión.

