La eléctrica Energías de Portugal (EDP) extinguió ayer los derechos especiales del Estado portugués en la compañía, en cumplimiento del compromiso del Gobierno luso con las entidades internacionales que concedieron el rescate financiero. La asamblea general de accionistas de EDP, que tuvo la representación del 71% del capital, refrendó por unanimidad esta medida, que pone fin a la última de las llamadas acción de oro que conservaba el Estado luso como herramienta de control sobre los sectores claves del país.
El levantamiento del blindaje, que limitaba los derechos de voto al 5% para accionistas privados, supone un paso previo para la venta del 25,8% que el Estado luso posee en la eléctrica.