El Senado de Argentina ...

El Senado de Argentina convirtió este jueves en ley la polémica estatización de las pensiones privadas, que -según algunos observadores- podría acentuar el aparente aislamiento financiero del país. Con la nueva norma, las contribuciones de 9,5 millones de trabajadores a las llamadas AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que totalizan $28.000 millones, pasan al sistema público de retiro. Se conforma así un régimen  único administrado por el Estado.
La presidenta Cristina Fernández afirmó que la medida era necesaria para contrarrestar el impacto negativo que ha tenido la crisis financiera global sobre las jubilaciones.
También dijo que se buscaba abandonar un sistema que calificó de "resabio" del neoliberalismo de la década de los años 90, cuando se crearon los fondos privados de pensiones.
La ley, considerada clave por el gobierno, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados a principios de noviembre. El Senado le dio luz verde mientras Fernández realiza una gira de una semana por el norte de África.

Resistencia

El gobierno debió sortear una fuerte resistencia política y de las AFJP para sacar adelante su proyecto.
La oposición argumentó que la presidenta Fernández intentaba "saquear" las jubilaciones privadas para utilizarlas con fines políticos o financiar los próximos vencimientos de la deuda externa, que suman unos $28.000 millones.
Sin embargo, la ley establece que los fondos únicamente podrán ser usados para pagos de beneficios del sistema y que su administración estará sujeta a la supervisión de una comisión bicameral y un consejo integrado por empresarios, trabajadores, jubilados, funcionarios, bancos y legisladores.
¿Más aislamiento?
Los observadores se preguntan si la ley de estatización de las pensiones privadas perjudicará, en términos financieros, la imagen de Argentina en el resto mundo.
Por otra parte, la Justicia de Estados Unidos bloqueó hace un mes fondos que las aseguradoras de pensiones tienen depositados en ese país, en respuesta a una demanda entablada por acreedores de bonos de la deuda argentina que reclaman el pago de $553 millones. "Hoy existe la percepción de que Argentina es poco previsible y tiene antecedentes complejos", comentó el analista político Sergio Berensztein, de la consultora Poliarquía. Y recordó que el país tiene cerrado el acceso al financiamiento externo desde que declaró la moratoria de pagos de su deuda externa en 2001, en momentos en que sufría una de las peores crisis económicas de su historia.
"La forma en que se ha manejado la reestructuración de la deuda y una serie de estatizaciones, como la de las AFJP, no parece haber mejorado el panorama, sino al contrario", completó Berensztein.